Se liquida el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se crea la Agencia Nacional de Inteligencia, una entidad de carácter civil adscrita a la Presidencia de la República.
Masivas movilizaciones estudiantiles por el proyecto de Ley 30 de Reforma de la Educación Superior, proyecto que finalmente fue retirado.
Hablar del conflicto social y armado de Colombia, significa hablar de la tierra: de su concentración en pocas manos, de la disputa por el territorio entre actores armados legales e ilegales; también, de los intereses de multinacionales en áreas estratégicas, a quienes se les sigue adjudicando la extracción de los recursos naturales de zonas clave del país. Pero también, de los 4,5 millones de personas -colectivos campesinos, afrocolombianos e indígenas fundamentalmente- que han sufrido desplazamiento forzado en las dos últimas décadas.
Las IX Jornadas, que se realizaron en noviembre, analizaron los retos en materia de tierra y territorio y las posibles condiciones de una nueva política, que pueda contribuir a un acceso justo y equitativo a la tierra, así como a la construcción de una verdadera paz en Colombia.
El informe, impulsado por la Taula y firmado por decenas de organizaciones internacionales de Europa y el Estado Español, denunció que los cambios en el discurso público del nuevo Gobierno del presidente Santos no se traducía en una mejor situación sobre los derechos humanos ni tampoco en la disminución de los altos índices de impunidad frente a las violaciones ocurridas en el país. Por el contrario, la carta hizo énfasis en que, después de 300 días de Gobierno, la situación de los derechos humanos en Colombia era crítica y que, por lo mismo, eran necesarias acciones concretas y voluntad política, si realmente se querían erradicar las constantes violaciones a los derechos humanos e impulsar una verdadera política de paz.
El 16 de diciembre, el Parlament aprobó la Resolución 410/IX, en la que reiteró su preocupación ante la grave situación de derechos humanos del país, especialmente, para defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales e indígenas, y defensores de la tierra. El pronunciamiento fue el resultado del informe de una Misión de verificación internacional, con participación catalana, sobre la situación de las personas defensoras, a finales de 2011.
El Parlament hizo énfasis en que el camino a la paz debe estar fundamentado en la verdad, la justicia y el reconocimiento del derecho de reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.