Las FARC-EP asesinan en febrero a diecisiete personas del pueblo indígena awá en el departamento de Nariño.
Escándalo por las interceptaciones ilegales del DAS, conocidas como “chuzadas”, en el que magistrados, líderes de oposición, periodistas, ONG, entre otros, sufrieron interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales como forma de intimidación política y social. Estas operaciones incluían además a políticos y sociedad civil de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, así como miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Parlamento Europeo.
Se lleva a cabo la Operación Humanitaria para la liberación de seis secuestrados por las FARC-EP, con la aprobación del Gobierno colombiano, entre los que se encontraban, el ex-gobernador Alan Jara, el diputado Sigifredo Lopez, tres policías y un soldado.
El 15 de octubre, el Parlament aprobó la Resolución 538/VIII con el objetivo de insistir en una solución política y negociada al conflicto armado en Colombia, así como el rechazo a la alternativa militar, una vía que ha alimentado la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Además, manifestó su apoyo al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales.
En un comunicado público del 12 de febrero, la Taula rechazó y condenó el asesinato de diecisiete personas del pueblo indígena awá, entre los que se encontraban varios menores de edad. La masacre, ocurrida el 4 de febrero, en el departamento de Nariño, fue perpetrada por el grupo guerrillero FARC. Días después, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), fueron asesinadas diez personas más de este pueblo indígena.
La masacre constata que la población civil es quien sufre las peores consecuencias del conflicto y que el Gobierno colombiano no brinda garantías efectivas de protección a la población civil en áreas de conflicto. La Taula reconoce la función que la Constitución otorga a las autoridades indígenas de velar por la seguridad y la paz de forma autónoma, dentro sus territorios ancestrales.
Acogidas en el Programa de Becas de la Taula, tres mujeres, representantes de los movimientos sociales colombianos, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y Campaña Colombiana contra Minas y la Organización Femenina Popular (OFP), residieron durante un año en Cataluña, lejos de las amenazas y peligro constante producto del conflicto armado en el país, para ampliar su formación sobre cultura de paz y ejecutar labores de diplomacia ciudadana.
La galería de la memoria, una exposición fotográfica que se presentó en diferentes lugares de la geografía catalana, se convirtió en un espacio de reflexión sobre los procesos que han realizado las víctimas, con el objetivo de recuperar y reconstruir la memoria histórica, como elemento fundamental en la lucha contra la impunidad. La memoria es una pieza esencial de la verdad, contada con la voz de las víctimas: por aquellas personas que han sido invisibilizadas y silenciadas.
La exposición mostraba la situación de distintos colectivos victimizados (mujeres, comunidades indígenas, afrocolombianas, sindicalistas, oposición política, víctimas de minas antipersona) y las principales formas en las que se manifiesta la violencia: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, violencia sexual, entre otras.